La empresas disponen de un patrimonio propio, integrado por información, secreta sensible y confidencial que conforma el patrimonio social de cualquier empresa, tal como base de datos de clientes, la forma y métodos de trabajo, sus precios de mercado, presupuestos, etc. Este patrimonio en muchas ocasiones es utilizado de forma ilegítima e ilegal para el aprovechamiento económico de otras entidades, personas ajenas a la sociedad, o por alguno de los propios socios o trabajadores. Estas actividades pueden ser constitutivas, entre otras, de DELITOS ECONÓMICOS, bien como REVELACIÓN DE SECRETOS DE EMPRESA, bien como APROPIACIÓN INDEBIDA, ADMINISTRACIÓN DESLEAL, ESTAFA, etc. En muchas ocasiones este tipo comportamiento, que pudieran constituir actuaciones delictivas quedan impunes por la falta de planificación jurídica de la empresa. Por ello en ALBA ABOGADOS ofrecemos el servicio de asesoramiento preventivo y por supuesto la posibilidad de perseguir este tipo de comportamientos en los Tribunales de Justicia.

Otro tipo de comportamientos que pudieran resultar delictivos pueden surgir desde la propia empresa, tales como la INSOLVENCIA PUNIBLE, FALSEAMIENTO DE CUENTAS, o el FRAUDE A LA SEGURIDAD SOCIAL u a otras entidades, DELITOS FISCALES, o de BLANQUEO DE CAPITALES, DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES, DE COACCIONES etc. Desde ALBA ABOGADOS, ofrecemos los servicios jurídicos, tanto de prevención, como de persecución y defensa frente a este tipo de delitos.

Los empresarios deben ser conscientes que desde hace años, las sociedades mercantiles y empresas pueden ser condenadas por delitos cometidos por las personas que integran la propia sociedad, por decisiones o actuaciones de la propia empresa. Estas situaciones deben prevenirse mediante actuaciones previas tendentes a impedir y erradicar este tipo de riesgos. Actuaciones que hay que implantar con un buen asesoramiento jurídico previo, que trate de prevenir y erradicar este tipo de comportamientos y riesgos, tratando de dirigir las posibles responsabilidades penales hacía las personas que los cometen, en vez de a la propia empresa, mediante la creación, difusión e implantación de códigos de conducta que prevengan y prohíban estos comportamientos. De esta manera surge en la escena jurídica española la figura del COMPILANCE, como un mecanismo de protección para las empresas frente a comportamientos internos o externos, que pudieran conllevar responsabilidades penales, mediante la creación y establecimiento de normas adoptadas por las propias empresas, tendentes a la identificación, clasificación de riesgos legales y operativos que puedan tener, estableciendo normas de comportamiento para la erradicación, prevención, y protocolos de actuación en caso de producirse los mismos.